Amnistía Internacional ha vuelto a instar al gobierno de Ghana a aprobar el Proyecto de Ley contra las acusaciones de brujería tras seis años del linchamiento de Akua Dente, de 90 años, en Kafaba, en la región de Sabana. La organización afirmó que la continua demora en la aprobación del proyecto de ley evidencia el incumplimiento de las autoridades en su deber de proteger a cientos de personas acusadas de brujería en todo el país.
Akua Dente fue golpeada hasta la muerte el 23 de julio de 2020 tras ser acusada de brujería. Un video del incidente mostró a dos mujeres atacándola. Posteriormente, en 2023, fueron condenadas a 12 años de prisión por homicidio involuntario.
En una declaración enviada a The Ghanaian Times en Accra, Amnistía Internacional destacó que muchas otras mujeres acusadas de brujería se han visto obligadas a huir de sus comunidades por temor a perder la vida. La organización calificó el caso de Akua Dente como «uno de los ejemplos más dolorosos de las terribles consecuencias de las acusaciones de brujería». La declaración subraya que el aniversario de su muerte es un recordatorio urgente de la necesidad de prevenir más abusos y proteger vidas inocentes.
Lamnatu Adam, directora ejecutiva de Songtaba, organización asociada de Amnistía Internacional, afirmó que las acusaciones de brujería suelen surgir en familias o comunidades, generalmente tras eventos trágicos como enfermedades o muertes. Explicó que las mujeres mayores, especialmente aquellas que viven en la pobreza o tienen problemas de salud o discapacidades, son las más vulnerables. También corren riesgo las mujeres que no se ajustan a los roles de género tradicionales.
Adam señaló que las mujeres acusadas de brujería a menudo no tienen un lugar seguro más que los campamentos dirigidos por líderes religiosos. Aunque estos campamentos ofrecen cierto refugio, las condiciones de vida siguen siendo extremadamente precarias.
Informes sobre las condiciones en los campamentos
Un informe de Amnistía Internacional de 2025 titulado «Marcadas de por vida» documentó el acceso inadecuado a atención médica, alimentos, agua potable, vivienda segura y oportunidades económicas en estos campamentos. La organización enfatizó que el derecho internacional protege la libertad de creencias, incluyendo la creencia en la brujería; sin embargo, las prácticas dañinas asociadas con tales creencias no están protegidas y deben ser reguladas por la ley. Adam declaró que las acusaciones de brujería y los abusos relacionados violan derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la seguridad y la libertad de no ser discriminado, y por lo tanto deben ser reconocidos como delitos penales.
Trayectoria legislativa y obstáculos
El parlamento aprobó el Proyecto de Ley contra las acusaciones de brujería en julio de 2023, sin embargo, el entonces presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no lo firmó, citando preocupaciones constitucionales. Señaló que el documento fue presentado como un proyecto de ley privado, no como una iniciativa gubernamental. El proyecto de ley tenía como objetivo criminalizar las acusaciones de brujería, proporcionar protección y apoyo a las víctimas, así como establecer un marco legal para la restauración de la justicia y la compensación. Desde entonces, el documento no ha sido reintroducido en el parlamento.
Amnistía Internacional afirmó que la aprobación del proyecto de ley sería un paso importante hacia la protección de las víctimas y la garantía de justicia. La organización instó a las autoridades a no demorar más la protección, la justicia y la compensación para las personas acusadas de brujería. En un informe de abril de 2025, Amnistía Internacional documentó las condiciones en cuatro campamentos informales donde cientos de personas, principalmente mujeres mayores acusadas de brujería, vivían con acceso limitado a servicios básicos. Según la organización, testimonios adicionales recopilados en abril y mayo de 2026 en tres campamentos atestiguaron una situación similar.
Mientras tanto, una petición lanzada por Amnistía Internacional en noviembre de 2025 para instar a la aprobación del proyecto de ley ha recopilado hasta ahora casi 19.000 firmas.
Fuente: AllAfrica
