La oficina del fiscal general del estado de Nuevo México acusa a altos funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU. de negarse a cooperar plenamente con la investigación penal estatal sobre el difunto y deshonrado financiero Jeffrey Epstein y sus cómplices.
En una demanda presentada el miércoles, los fiscales estatales declararon que el fiscal general interino Todd Blanche y otros líderes del departamento aplicaron una «política ilegal de no cooperación» y «obstruyeron» la investigación estatal sobre posibles crímenes de Epstein y sus cómplices, relacionados con la violencia sexual contra niños y el tráfico de personas en su rancho «Zorro Ranch» cerca de Santa Fe.
El fiscal general Raúl Torres «superó todos los obstáculos burocráticos que presentó el Departamento de Justicia de EE.UU., solo para que años de prometida cooperación federal se convirtieran en resistencia burocrática», declaró su oficina en la demanda presentada ante un tribunal federal en Washington.
Acuerdo de cooperación e investigación reanudada
Según la demanda, Nuevo México llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia en 2019 para suspender las investigaciones estatales relacionadas con Epstein mientras las agencias federales completaban su trabajo. La oficina de Torres señaló en la demanda que durante los años siguientes el estado «no tuvo acceso oportuno a testigos, víctimas y otras pruebas», confiando en las garantías de que el Departamento de Justicia cooperaría con sus investigaciones más adelante.
Nuevo México reanudó su investigación en febrero, examinando en particular un documento de los archivos federales relacionados con Epstein, en el que «se menciona el entierro de dos mujeres víctimas en los terrenos alrededor del Zorro Ranch«.
Los funcionarios estatales declararon en la demanda que los representantes del Departamento de Justicia rechazaron sus solicitudes oficiales de materiales sin editar, citando preocupaciones sobre la privacidad de las víctimas y órdenes judiciales de confidencialidad relacionadas con anteriores procesos judiciales contra Epstein y su antigua cómplice Ghislaine Maxwell.
Declaraciones de las partes
El fiscal general Raúl Torres enfatizó en su declaración: «Nuevo México está obligado a proteger a las víctimas y a investigar los delitos cometidos en nuestro estado para que los culpables puedan ser llevados ante la justicia». Añadió que habían pedido al Departamento de Justicia que cooperara, proporcionando acceso a registros que «podrían ser cruciales para identificar a las víctimas, testigos y descubrir otros delitos en el Zorro Ranch«. La demora por parte del Departamento de Justicia «está perjudicando activamente nuestra investigación criminal y retrasando la justicia que merecen las víctimas de Epstein».
La portavoz del Departamento de Justicia, Kiersten Pels, en respuesta a la demanda, publicó una declaración en la que subrayó la protección legal de la información sobre las víctimas y señaló que «Nuevo México no ha proporcionado una base legal para tal divulgación amplia». Pels declaró que el departamento «sigue dispuesto a ayudar en la investigación de Nuevo México de acuerdo con la ley y las decisiones judiciales obligatorias».
El caso está registrado como New Mexico v. Department of Justice, número 26-cv-2762, en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia.
Fuente: Bloomberg
