El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, incrementó este lunes la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, dándole un plazo de 30 días para tomar medidas que restauren la normalidad en la ciudad autónoma tras la masiva llegada de migrantes desde Marruecos a finales de julio.
El líder del Partido Popular (PP), Vivas, advirtió que, si no recibe respuesta, recurrirá a otras instituciones del Estado, incluyendo los órganos judiciales, así como a las Cortes Generales (parlamento), las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y las instituciones europeas. «Recurriremos a otras instituciones del Estado, estamos obligados a hacerlo: a las Cortes Generales, al poder judicial, a las comunidades autónomas, a la Federación de Municipios y Provincias, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, por supuesto, a Europa. A quien sea, porque no nos rendiremos», declaró Vivas durante una intervención extraordinaria en el palacio de la Asamblea.
El presidente de Ceuta, que lidera la ciudad desde hace más de 25 años y ha mantenido la colaboración con distintos gobiernos centrales, acusó al ejecutivo socialista de «casi total pasividad» y de intentar «ocultar la realidad», afirmando que la situación se normalizó durante las primeras 48 horas tras la llegada masiva. Según Vivas, más de 70.000 personas entraron ilegalmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio, aunque los datos oficiales de las últimas semanas indican más de 72.000 personas. La gran mayoría regresó posteriormente a Marruecos, pero, según diversas estimaciones, entre 5.000 y 8.000 migrantes siguen en el enclave.
«La normalidad solo puede alcanzarse con el retorno a Marruecos de todos aquellos que ilegalmente alteraron el orden y penetraron en nuestra ciudad», subrayó Vivas, quien también cuestionó que las autoridades no hayan proporcionado información precisa sobre el número de personas que permanecen en Ceuta y el número de procedimientos de deportación o expulsión iniciados.
Recurso a la justicia y críticas a La Moncloa
El líder del PP anunció su intención de llevar personalmente la situación a los más altos órganos judiciales de España, si estos acceden a recibirle. En concreto, mencionó a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. «El poder judicial es la piedra angular del Estado de derecho. Ceuta está en estado de emergencia», declaró Vivas.
Vivas también expresó una crítica más profunda a la estrategia del Gobierno en La Moncloa (residencia del presidente del Gobierno), sugiriendo que la falta de respuesta podría obedecer a una intención política. «Hasta la caída final [de Ceuta]», dijo. El presidente de Ceuta también pidió una mayor colaboración con Marruecos para reforzar el control fronterizo y facilitar el retorno de los migrantes. Insistió en que no se trata solo de una emergencia migratoria, sino también de un asunto de seguridad, convivencia, servicios públicos e integridad territorial.
«Los ceutíes no nos rendiremos; el Gobierno es una parte muy importante del Estado, pero no es todo el Estado», declaró Vivas. En su cuenta de X, publicó una imagen del equipo de fútbol local sosteniendo una bandera con el lema: «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». En la publicación, añadió un texto con una analogía deportiva, asegurando: «Sabemos resistir, y sé que ganaremos este partido con firmeza, dignidad y unidos».
Reacción del Gobierno central y controversias
Mientras tanto, el Gobierno central comenzó a ampliar su sistema de acogida. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció este lunes la apertura de cuatro centros de atención humanitaria y acogida temporal con capacidad para unas 1.500 personas que llegaron de forma irregular durante la crisis. Esta medida se produjo en paralelo al enfrentamiento político entre Madrid y el Gobierno de Ceuta.
La cuestión del alojamiento es uno de los principales puntos de desacuerdo. Vivas se opone al uso de algunos de los lugares propuestos por el Gobierno central para albergar a los migrantes, argumentando que algunos de ellos están situados en zonas céntricas y generan malestar entre los residentes. Su Gobierno asegura que no rechaza todos los lugares propuestos, pero concretamente descarta el uso de la llamada «Fábrica de Harinas», un edificio propiedad del Ministerio de Defensa. «Hay lugares con los que los vecinos no están de acuerdo. Tenemos que pensar en los inmigrantes, pero también tenemos que pensar en los ceutíes, ¿o es que los ceutíes no tenemos derechos?», argumentó Vivas.
La controversia también se ha trasladado al ámbito sanitario. La ministra de Sanidad, Mónica García, visitó Ceuta este domingo y pidió al Gobierno local que habilitara instalaciones adecuadas para garantizar las condiciones sanitarias y una atención médica controlada. García negó que el sistema sanitario esté colapsado, aunque reconoció que está bajo presión. Según sus datos, los servicios médicos han atendido a unas 5.800 personas en 15 días, realizando unas 300 consultas diarias. Los profesionales sanitarios de Ceuta han denunciado el agotamiento y la presión sobre los servicios, mientras que García advirtió de un riesgo epidemiológico moderado entre los migrantes y bajo para los residentes locales. La ministra también rechazó la asociación automática entre migración y enfermedades, calificando de injustos y xenófobos los discursos que vinculan ambos fenómenos. Vivas respondió acusando a García de «desviar la atención» y rechazó que la ciudad necesite «lecciones de humanidad». «Si hay un territorio donde el sufrimiento ajeno se siente como propio, con independencia del origen de la persona, es Ceuta y los ceutíes. Ninguna lección», declaró.
La situación humanitaria sigue siendo uno de los principales desafíos. Cientos de migrantes que permanecen en la ciudad participaron el domingo en una protesta en la playa de El Trampolín, exigiendo asilo y negándose a regresar a Marruecos. Muchos de ellos se encuentran en condiciones precarias, durmiendo al raso o en asentamientos improvisados, a la espera de una respuesta sobre su estatus. Los manifestantes portaban banderas españolas y carteles con mensajes como «No queremos volver a Marruecos» y «Nosotros también somos personas». Entre los migrantes hay ciudadanos de Marruecos, así como personas de países como Nigeria, Senegal y Bangladesh, algunos de los cuales afirman haber llegado a España huyendo de conflictos, persecuciones o situaciones económicas difíciles. Las autoridades españolas han advertido que aquellos que entraron de forma irregular no podrán permanecer en Ceuta ni trasladarse a la España peninsular, salvo en casos excepcionales relacionados con situaciones especialmente vulnerables. El pasado viernes, en medio de un reforzamiento del control fronterizo por parte de Marruecos, las autoridades detuvieron al menos a 111 personas que intentaban llegar a Ceuta, después de que en las redes sociales circularan nuevos llamamientos a un cruce masivo. España también ha reforzado las medidas de seguridad en el enclave, desplegando a más de 500 agentes adicionales.
