El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, informó este miércoles de que en la ciudad permanecen al menos 13 000 inmigrantes en situación irregular tras las llegadas masivas de los días 30 y 31 de julio. Según sus estimaciones, a principios de agosto, tras las devoluciones masivas a Marruecos del 31 de julio, en Ceuta quedaban unas 20 000 personas. Desde entonces, según datos del Gobierno central de España, más de 5 000 inmigrantes han regresado a su país.
Ramírez calificó sus cálculos de «conservadores», ya que considera que la cifra real de inmigrantes, especialmente de menores, podría ser significativamente mayor. Según los datos recibidos por el Gobierno de Ceuta este miércoles, unos 4 022 adultos se encuentran en diversos puntos de acogida, mientras que otras 1 000 personas permanecen en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Cerca de las instalaciones temporales ubicadas en el Centro Ecuestre, se encuentran unas 300 mujeres y niñas. Además, en Ceuta hay registrados unos 2 100 menores. Según Ramírez, en la playa de la Trampolín se reparten diariamente unas 4 500 raciones de comida, aunque rebajó esta estimación a 3 000 al sugerir que algunas personas podrían estar recibiendo comida de forma repetida.
Otras 1 000 personas permanecen sin localizar. Según el Gobierno de Ceuta, parte de ellas se encuentran ilegalmente en viviendas de residentes locales, mientras que otras se esconden «en los montes y en el litoral».
Investigación judicial y reacción política
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, declaró que el Gobierno no está preocupado por la investigación judicial sobre la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta a finales de julio. Afirmó que las autoridades colaborarán con la justicia y entregarán toda la documentación necesaria.
Estas declaraciones se producen después de que la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, quien instruye el caso, citara como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz. El tribunal también ha solicitado a los cuerpos policiales y militares todas las alertas sobre la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio y la información sobre a quién fueron remitidas.
La Fiscalía de Ceuta, por su parte, considera pertinente investigar las actuaciones del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por la posible falta de adopción de medidas que podrían haber sido necesarias para evitar la muerte de inmigrantes durante el cruce masivo de la frontera con Marruecos a finales de julio.
Por otro lado, el Gobierno ha aprobado un decreto de 309 millones de euros en medidas sociales y económicas urgentes para apoyar a Ceuta. De esta cantidad, 36,6 millones de euros se destinarán a ayudas directas a autónomos y empresas afectadas por la crisis.
Durante el debate parlamentario, el PP, Vox y Junts criticaron el decreto y no anunciaron el sentido de su voto. Por el contrario, Podemos, EH Bildu y PNV confirmaron que apoyarán su aprobación. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, instó a respaldar el documento para evitar que la incertidumbre económica agrave la situación que ya atraviesan los habitantes de Ceuta debido a la crisis.
Agua, explotación de inmigrantes y consecuencias en el transporte
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirmó que actualmente no existe riesgo de desabastecimiento de agua ni problemas de calidad en Ceuta debido a la presencia de cientos de inmigrantes en asentamientos cercanos a la planta desalinizadora. Según explicó, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha activado un mecanismo de suministro de agua desde embalses para compensar la reducción de recursos disponibles tras el incidente en la desalinizadora.
Mientras tanto, la Policía Nacional ha detenido a dos personas que, según los agentes, obtenían importantes beneficios aprovechándose de la vulnerabilidad de los inmigrantes llegados a la ciudad. Cobraban hasta 900 euros al mes por pernoctar en un garaje y ofrecían el traslado ilegal de inmigrantes a la península por unos 6 000 euros.
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) informó que, durante la Operación Paso del Estrecho (OPE), el tráfico de pasajeros en la línea marítima entre Algeciras y Ceuta se redujo un 15% debido a la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma desde finales de julio. Al mismo tiempo, la línea entre Tarifa y Tánger-Ville ascendió del cuarto al segundo puesto en volumen de pasajeros y desembarques dentro de la OPE.
En total, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, pasaron por los puertos de Algeciras y Tarifa 2 893 145 pasajeros y 638 698 vehículos. Al cierre de los 93 días de operación, el número total de pasajeros en estos puertos disminuyó un 4,3% y el de vehículos un 3% en comparación con el año anterior.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, subrayó que los menores inmigrantes que llegaron a Ceuta desde Marruecos en julio son competencia de la ciudad autónoma. Hizo un llamamiento a las comunidades autónomas para que realicen un «esfuerzo» con el fin de reducir la presión demográfica sobre Ceuta y afirmó que el Gobierno central colabora para el traslado urgente de los menores a condiciones seguras que garanticen todas sus necesidades.
Fuente: 20minutos
