El Senado de España aprobó el miércoles una resolución presentada por el Partido Popular (PP) que exige al primer ministro Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones. Esta iniciativa recibió el apoyo de 145 senadores de los 253 que participaron en la votación. El partido Junts estuvo presente pero se abstuvo de votar, mientras que el PNV votó en contra. Esta resolución no pudo ser debatida ni sometida a votación en el Congreso debido al veto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar.
La resolución consta de cinco puntos, siendo el quinto de ellos el siguiente: «El Senado insta al presidente del Gobierno a proponer la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales de acuerdo con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, teniendo en cuenta el carácter político, y no jurídicamente vinculante, de esta iniciativa».
Defensa de la democracia y crítica al gobierno
Alicia García, portavoz del PP en el Senado, al defender la resolución, afirmó que esta «no es una resolución contra el gobierno, sino en defensa de la democracia», aludiendo al veto que impidió su debate y votación en el Congreso. «El tiempo de Pedro Sánchez ha terminado. Y él lo sabe», declaró García, quien también enfatizó que Sánchez es «responsable» de los problemas de corrupción que afectan a su entorno personal y político.
Posición de Junts y acusaciones
Por su parte, Eduard Pujol de Junts reconoció que su partido coincide con el PP en la necesidad de celebrar elecciones. Sin embargo, también instó a los conservadores a «corregir» su papel en el proceso independentista, afirmando: «Han cometido muchos errores». Pujol cuestionó: «¿Qué ha hecho el PP en los últimos meses para demostrar que no son como siempre?» Y añadió que «el PP no tiene mayoría y no es capaz de hacer amigos», haciendo referencia a la situación judicial de Carles Puigdemont, y criticó duramente al PSOE: «Todo ha terminado, convoquen elecciones».
Otros puntos de la resolución destacan la debilidad parlamentaria del gobierno y los problemas de corrupción que rodean el entorno político y personal de Sánchez. El primer punto «condena la anomalía que supone la ausencia a lo largo de toda la legislatura de cualquiera de los dos procedimientos democráticos que permiten verificar si el gobierno mantiene la confianza parlamentaria», refiriéndose a la falta de presupuestos y a la celebración del Debate sobre el estado de la nación. El segundo punto «constata el bloqueo político», señalando que bajo el gobierno de Sánchez el Congreso «ha aprobado el menor número de iniciativas legislativas en 33 meses de todas las legislaturas del período democrático actual». El tercer punto «constata la necesidad de que el gobierno y su presidente asuman la responsabilidad política» por los numerosos casos de «supuesta corrupción». Finalmente, el cuarto punto insta al gobierno a «aclarar las responsabilidades» en el caso de Leire Díez.
Fuente: La Vanguardia