El Gobierno de España ha planteado un ultimátum a Italia, exigiendo la eliminación del control fronterizo para los ciudadanos españoles, impuesto tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos. Si Italia no cumple con esta demanda antes de que finalice el domingo, 9 de agosto, el gobierno de Pedro Sánchez ha declarado que se verá obligado a «tomar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad» de los españoles.
Según fuentes de Moncloa, la suspensión temporal de la libre circulación, vigente desde el pasado sábado, «dificulta el desplazamiento de miles de pasajeros y crea incertidumbre jurídica en pleno verano». Esta medida, «sin precedentes en la historia reciente», se ha impuesto sin previo aviso, de manera unilateral y basada en «argumentos infundados que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a las circunstancias reales», señalaron las fuentes.
Los argumentos de España contra las restricciones italianas
El Gobierno de España señala que Italia ignora el hecho de que «ninguno de los migrantes que llegaron ilegalmente a Ceuta la semana pasada pudo o puede entrar libremente en la zona Schengen, ya que esta ciudad autónoma tiene un régimen especial», y que «casi todos ellos ya han sido devueltos a Marruecos«.
También se señala que Italia es «el Estado miembro que ha registrado el mayor número de cruces ilegales de fronteras en los últimos años, con cifras que en algunos períodos duplican las de España». Además, desde la llegada al poder de Giorgia Meloni en 2022, su país «no ha cumplido con el Reglamento de Dublín, creando una carga migratoria adicional» para otros socios de la UE. A pesar de esto, «España nunca ha impuesto controles fronterizos a los ciudadanos italianos».
Por el contrario, España siempre ha mostrado solidaridad: en 2023, acogió a parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa y ha abierto regularmente sus puertos a los migrantes rescatados en la ruta del Mediterráneo central.
El Gobierno de Sánchez subraya que la medida impuesta por Italia es «injusta, contraria a los intereses de la Unión Europea y discriminatoria hacia los ciudadanos españoles». A pesar del ultimátum, la parte española expresa su esperanza de que «el sentido común, la solidaridad europea y la buena fe prevalezcan», ya que «los gobiernos están llamados a fomentar el entendimiento entre países y actuar en interés de sus pueblos, no a crear divisiones y conflictos estériles por motivos de política interna».
Fuente: El Mundo
