La Unión Europea tiene la intención de convertir la contratación pública en un pilar central de su nueva política industrial, priorizando a las empresas del mercado interior en la adjudicación de cientos de miles de millones de euros destinados a infraestructuras, energía, sanidad y educación. El miércoles, la Comisión Europea presentó la Ley de Contratación Pública (Public Procurement Act, PPA), siguiendo una de las recomendaciones del informe Draghi para mejorar la competitividad.
El volumen anual de contratación pública en la UE asciende a unos 2,5 billones de euros, lo que equivale a casi el 15 por ciento del PIB del bloque. Según el comisario europeo de Industria, Stéphane Séjourné, cerca de 600.000 millones de euros de esta cifra estarán sujetos a las nuevas normas. Calificó este gasto como un «programa anual de estímulo económico», cuyo volumen es de 4 a 5 veces superior al presupuesto de la UE. Se espera que la consolidación de tres directivas y una veintena de actos legislativos menores permita ahorrar 650 millones de euros al año y reducir la carga burocrática.
Cambio en los criterios de evaluación y preferencia europea
La Comisión Europea planea modificar el enfoque para seleccionar a los ganadores de las licitaciones, evaluando las propuestas no solo por el precio, sino también por la «calidad». Los criterios de calidad, que incluyen aspectos medioambientales, sociales, de innovación, seguridad y sostenibilidad, tendrán un peso de al menos el 30 por ciento, y hasta el 50 por ciento en contratos intensivos en mano de obra. Si la calidad se define mediante especificaciones técnicas, los compradores públicos podrán seguir eligiendo la oferta basándose únicamente en el precio. Según un estudio de la Comisión, actualmente los criterios medioambientales y sociales se aplican de forma subóptima y desigual en los países de la UE, ya que algunas autoridades temen disputas legales si rechazan la oferta más barata.
El nuevo proyecto de PPA otorga a los compradores públicos herramientas adicionales para favorecer los bienes y servicios de la UE. En particular, podrán limitar la participación en licitaciones, establecer requisitos sobre el origen de los productos y servicios, y rechazar ofertas si la parte de ejecución del contrato en la UE es inferior al 50 por ciento de su valor. Como señaló Stéphane Séjourné, esto permitirá a los compradores públicos dar preferencia a los autobuses europeos frente a los chinos y, en casos concretos, excluir totalmente a los proveedores chinos de las licitaciones.
Los productos sujetos a normas de origen previstas en otros actos legislativos, como la Industrial Accelerator Act o la Critical Medicines Act, deberán cumplir los requisitos de ambas normativas. Al mismo tiempo, los críticos consideran contradictorio que la UE intente facilitar a las empresas europeas el acceso a la contratación pública en otros países, como India, mientras restringe el acceso a su propio mercado a las empresas extranjeras.
Simplificación de normas y apoyo a la innovación
Stéphane Séjourné calificó el proyecto como un «acto de simplificación radical». A diferencia de una directiva, el reglamento es de aplicación directa en los países de la UE y les deja menos margen de maniobra durante su implementación nacional. La PPA también debería facilitar a las empresas la búsqueda y participación en licitaciones en toda la UE. Para ello, se creará una red de plataformas digitales que garantice la interoperabilidad entre los 123 sistemas nacionales y locales que operan actualmente en los distintos países.
La Comisión Europea también presentó la European Innovation Act, impulsada por la comisaria europea de Investigación, Ekaterina Zaharieva. El documento pretende convertir a los compradores públicos en «clientes ancla» para nuevos productos, con el fin de ayudar a que las innovaciones desarrolladas en Europa lleguen al mercado. El problema radica, en parte, en que las empresas emergentes a menudo no tienen acceso al capital necesario.
Como se señala en el documento, las ideas innovadoras desarrolladas en Europa a menudo no llegan al mercado, no logran consolidarse en otros países de la UE ni convertirse en la base de nuevos sectores de crecimiento. Inicialmente, la European Innovation Act tenía un alcance más amplio y ambicioso, pero, según documentos a los que ha tenido acceso POLITICO, tras dos dictámenes negativos de la Comisión, su ámbito de aplicación se ha visto reducido.
Fuente: Politico
