La administración de Trump ha declarado repetidamente que la lucha contra la trata de personas es una de sus principales prioridades, sin embargo, en los últimos seis meses las investigaciones se han ralentizado y el número de persecuciones penales ha disminuido. Entre las razones se mencionan la falta de personal, la reducción de la financiación, el aumento del control de inmigración y el crecimiento de la desconfianza hacia el gobierno entre las víctimas. Esto se desprende de entrevistas de Reuters con 25 exfiscales, agentes actuales y representantes de organizaciones que ayudan a las víctimas, así como del análisis de documentos judiciales federales.
Los cargos federales por trata de personas este año cayeron al nivel más bajo desde 2010. Hasta junio, el Departamento de Justicia presentó cargos contra 73 personas, aproximadamente un 22% menos que el promedio del primer semestre de cada uno de los tres años anteriores, según registros judiciales. El número de acusaciones por delitos relacionados también disminuyó: 1.230 personas fueron acusadas de delitos relacionados con la pornografía infantil, un 3% menos que el promedio del mismo período de los últimos tres años. Otras 318 personas fueron acusadas de violar la Ley Mann (Mann Act), que prohíbe el transporte de personas a través de las fronteras estatales con fines de prostitución, un 18% menos que el promedio.
Esta caída refleja un cambio más amplio en las prioridades de las agencias federales de aplicación de la ley bajo el presidente Donald Trump, quien ha recortado los presupuestos de los departamentos y ha centrado recursos significativos en las deportaciones. El número de personas a quienes se presentaron cargos por delitos no relacionados con la inmigración, desde la evasión de impuestos hasta el tráfico de drogas, también disminuyó un 7%, a aproximadamente 22.000, según registros judiciales.
«No se puede decir que algo es una prioridad y luego no proporcionar los recursos para implementarlo», declaró Jacqueline Kelly, exfiscal federal en Nueva York, quien supervisó la persecución penal del rapero y actor Sean «Diddy» Combs. Fue acusado de trata de personas, pero finalmente fue condenado por dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución.
Estas conclusiones se hicieron públicas justo cuando el Congreso confirmó al candidato de Trump, Todd Blanche, como fiscal general con una votación de 50 contra 49. Dos republicanos votaron en contra de su candidatura. Se enfrentó a críticas bipartidistas por su manejo de documentos relacionados con el condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein, así como por la transferencia de su cómplice Ghislaine Maxwell a una prisión de mínima seguridad poco después de que Blanche la interrogara personalmente.
Prioridad declarada y falta de recursos
Recientemente, Todd Blanche declaró al Congreso que la lucha contra la trata de personas «sigue siendo una prioridad del Departamento, considerando la gravedad del daño que causa». La administración también designó a una nueva coordinadora nacional para la explotación infantil y la trata de personas, la fiscal de carrera Alessandra Serrano. En declaraciones a Reuters, Serrano enfatizó que el Departamento sigue comprometido con la lucha contra la trata de personas. Según ella, la reducción en el número de nuevas persecuciones puede explicarse parcialmente porque los fiscales e investigadores dedican una cantidad significativa de tiempo a revisar una gran cantidad de casos ya abiertos, lo que les distrae de iniciar nuevas investigaciones.
La representante del Departamento de Seguridad Nacional, Kathryn Karry, se negó a comentar el análisis de Reuters sobre los casos de trata de personas. Dijo que el departamento está comprometido tanto con el control de la inmigración como con la lucha contra los delitos sexuales, enfatizando la «inquebrantable dedicación a erradicar las redes de trata de personas».
Fuga de personal y investigaciones congeladas
Los casos de trata de personas son algunos de los más complejos de investigar y perseguir judicialmente: requieren la investigación de la violencia psicológica, el rastreo de operaciones financieras ilegales y la obtención de la confianza de las víctimas traumatizadas. Según siete exfiscales que trabajaron en tales casos, decenas de expertos experimentados abandonaron recientemente el Departamento. Durante parte del año pasado, la mayoría de los agentes de HSI (Homeland Security Investigations) estuvieron involucrados en cuestiones de inmigración, según datos de agentes actuales e informes previos de Reuters.
En algunas oficinas de fiscales federales, la falta de personal es tan aguda que los agentes que trabajan en casos de trata de personas no pueden encontrar fiscales para llevarlos adelante. Serrano señaló que la rotación de personal es normal para tales puestos, ya que trabajar en casos de trata de personas «agota a las personas más que otros tipos de casos». Al mismo tiempo, los fiscales que recientemente abandonaron sus puestos dijeron que esta vez la fuga fue mayor de lo habitual. Serrano añadió que el Departamento está reclutando activamente nuevos empleados.
Un veterano de la agencia federal, que habló bajo condición de anonimato, declaró que la trata de personas dejó de ser una prioridad después de que Trump asumiera el cargo y comenzara su campaña de deportaciones masivas. Debido a la reducción del número de agentes que se ocupan de tales casos, muchas investigaciones activas están efectivamente congeladas, y los nuevos casos se abren raramente, informaron Reuters siete exfiscales y tres agentes. «La administración está echando arena en los mecanismos de 10.000 maneras diferentes», dijo Martina Vandenberg, presidenta del Centro de Asistencia Legal para Víctimas de la Trata de Personas (Human Trafficking Legal Center).
La reasignación de agentes, a veces a otras ciudades, destruye las frágiles relaciones con las víctimas y testigos de la trata de personas, que a menudo no tienen teléfonos o vivienda estable. Esto puede llevar al colapso de los casos. Una víctima de trata de personas en Nueva Inglaterra fue testigo de cómo su caso se estancó después de que los agentes informaron sobre su transferencia a trabajos de control de inmigración. Tales cambios hacen que las víctimas entiendan que sus casos y su seguridad no son una prioridad, señaló un empleado de una organización local de derechos humanos.
Desaparición de subvenciones y socavamiento de la confianza
Junto con la reducción de personal, también disminuyó el apoyo financiero destinado a ayudar a las víctimas a permanecer en condiciones seguras y estables, necesarias para testificar. La Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia suele distribuir anualmente alrededor de 90 millones de dólares en subvenciones para apoyar a las víctimas de la trata de personas. Estos fondos son recibidos por organizaciones sin fines de lucro que proporcionan vivienda de emergencia, alimentos y asistencia psicológica. Sin embargo, los beneficiarios de las subvenciones declararon que algunos pagos fueron retrasados o congelados como parte de los esfuerzos de Trump para reducir el gasto federal.
El fiscal general adjunto Stanley Woodward declaró que la mayoría de las subvenciones del año pasado fueron asignadas, pero no proporcionó cifras concretas. Según él, el Departamento está revisando las solicitudes restantes para asegurarse de que cumplan con las prioridades de la administración. Alan Smith, director ejecutivo de la organización de Los Ángeles Saving Innocence, informó que dos subvenciones federales por un total de 700.000 dólares fueron retrasadas casi un año. Aunque la organización pudo continuar con su trabajo, otros grupos informaron a Reuters que debido a la pérdida de subvenciones tuvieron que suspender algunos programas o reducir la prestación de servicios.
