Un tribunal de EE.UU. desestima la demanda de la administración Trump contra Harvard por acusaciones de antisemitismo

Un tribunal federal de EE.UU. el 13 de agosto desestimó la demanda de la administración de Donald Trump contra la Universidad de Harvard, en la que se acusaba a la prestigiosa institución de tolerar el antisemitismo durante las manifestaciones propalestinas en el campus.

El juez de distrito Richard Stearns en Boston dictaminó que el gobierno no proporcionó pruebas suficientes de que Harvard violó las disposiciones de la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act), que prohíbe la discriminación por motivos de raza, nacionalidad y otros.

El presidente Donald Trump inició una campaña contra las grandes universidades estadounidenses, acusándolas de permitir que los movimientos propalestinos operaran sin obstáculos en sus campus en el contexto del ataque israelí en la Franja de Gaza.

En su denuncia, presentada en marzo, el Departamento de Justicia declaró que «los profesores y la dirección de Harvard cerraron los ojos ante el antisemitismo y la discriminación contra los judíos e israelíes».

La denuncia también señalaba que Harvard «permitió que los manifestantes antiisraelíes ocuparan sus bibliotecas» y «permitió que un campamento antiisraelí existiera durante veinte días, violando la política de la universidad».

La decisión del tribunal y los argumentos del juez

Sin embargo, el juez Stearns, que aceptó la moción de Harvard y desestimó la demanda, declaró que los incidentes a los que se refería la administración de Trump eran «demasiado aislados y episódicos» para demostrar una violación de la Ley de Derechos Civiles.

Esta decisión supuso un golpe para la campaña de Trump contra la universidad más antigua de los Estados Unidos.

Acciones separadas de la administración Trump

La administración de Trump tomó medidas separadas para congelar miles de millones de dólares en financiación para Harvard, acusando a la universidad de tolerar el antisemitismo y los prejuicios liberales.

El pasado septiembre, un juez federal consideró que este paso era en gran medida ilegal y ordenó que se restaurara la financiación.

Fuente: The Straits Times