Un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. obligó a la administración del presidente Donald Trump a detener la construcción de un salón de baile en el lugar donde estaba el ala este de la Casa Blanca, que fue demolido.
El tribunal de apelaciones de EE.UU. del distrito de Columbia apoyó la prohibición judicial temporal que había logrado anteriormente el Fondo Nacional para la Preservación del Patrimonio Histórico (National Trust for Historic Preservation). El fondo presentó una demanda contra la administración de Trump el año pasado. Esto supuso un gran golpe para el presidente, que había impulsado activamente el proyecto, afirmando que la Casa Blanca necesitaba un gran salón de baile para celebrar actos oficiales. La decisión del tribunal fue suspendida durante 14 días para que la administración de Trump pudiera recurrirla ante el Tribunal Supremo de EE.UU. Trump confirmó este paso, declarando que su equipo «presentará una apelación de inmediato» ante el Tribunal Supremo.
Fuerte crítica de Trump
El presidente de EE.UU. criticó esta decisión, calificándola de «horrible, políticamente motivada e ilegal». En una publicación en las redes sociales, Trump añadió que el tribunal de apelaciones «se negó a reconocer que el salón de baile, extremadamente necesario y absolutamente seguro, que se está construyendo con antelación y cuesta menos de lo previsto, es un regalo del presidente Trump y de los grandes patriotas de los Estados Unidos de América».
Explicación del tribunal
Los jueces Patricia Millett y Brad García, ambos nombrados por presidentes demócratas, declararon que la decisión no prohíbe la construcción del salón de baile para siempre. Solo suspende los trabajos en tierra durante el proceso judicial y hasta que la Casa Blanca obtenga la aprobación del Congreso. El tribunal señaló que «cada presidente es un residente temporal, no el propietario de la Casa Blanca» y no puede cambiarla radicalmente sin la aprobación del Congreso.
La mayoría de los jueces del tribunal escribieron: «Si debe construirse un gran salón de baile, es el Congreso quien debe decidir, y no es una cuestión que la rama ejecutiva deba decidir por sí sola». El tribunal también declaró que el Congreso no había transferido poderes ilimitados a la rama ejecutiva para la replanificación radical, el cambio de apariencia y la reconstrucción de la Casa Blanca — «la Casa del Pueblo» — según los deseos de un presidente concreto. Además, el tribunal criticó «la atrevida afirmación de que la rama ejecutiva puede actuar con total ilegalidad, destruyendo valiosos monumentos nacionales y dañando los intereses de individuos».
Fuente: Deutsche Welle
