La crisis en Ceuta tiene muchas dimensiones, incluyendo el alojamiento de más de 10.000 migrantes que aún permanecen en la ciudad, la creciente preocupación por el impacto en la salud debido a las condiciones extremadamente pobres, así como la cuestión de los menores no acompañados, que se volverá cada vez más aguda y podría provocar un serio enfrentamiento político entre el gobierno y las comunidades autónomas. Según fuentes oficiales del Ministerio del Interior, la Policía Nacional ha identificado al menos 2.168 niños desde el 30 de julio hasta la mañana de este martes. Se cree que podría haber muchos más, ya que algunos se esconden para evitar el registro por miedo a ser deportados.
Posición de la Comisión Europea
La Comisión Europea declaró este martes que todos los que se encuentran ilegalmente en Ceuta deben ser devueltos a Marruecos, incluidos los niños que cruzaron la frontera, citando que la legislación de la Unión Europea también prevé la posibilidad de su devolución. Marcus Lammert, portavoz de la Comisión Europea de Asuntos Internos, insistió en una conferencia de prensa en Bruselas: «Seguimos insistiendo en que se espera la devolución de todos los que se encuentran ilegalmente en Ceuta». Aplaudió la intención del gobierno de Pedro Sánchez de no trasladar a los migrantes ilegales de Ceuta a la Península Ibérica.
Al ser preguntado si la formulación «todos» también se refiere a los menores, a pesar de la protección especial prevista por la legislación de la UE, Lammert respondió que «esto está regulado por la legislación de la UE». Añadió que la Directiva de Retorno, aprobada en junio, prevé disposiciones para la devolución de migrantes en situación ilegal, «incluidos los menores no acompañados». «Por lo tanto, esto también está cubierto por la legislación de la UE», señaló Lammert, enfatizando que la Comisión Europea espera «la devolución de todos los que se encuentran ilegalmente en Ceuta», y que las autoridades españolas y marroquíes deben trabajar para garantizar la «efectividad» de estas devoluciones.
Condiciones de la Directiva de la UE
La directiva europea, a la que se refiere la Comisión, no prevé la devolución automática de los menores no acompañados, sino que exige que esta se lleve a cabo cumpliendo con las condiciones de seguridad para los menores. En este caso, las autoridades españolas deben asegurarse de que los niños sean devueltos a sus padres, familiares o tutores en el país de retorno. Encontrar a las familias de los niños puede ser más fácil en Marruecos, dada su disposición a cooperar con España, pero con otros países, especialmente en el caso de niños de países al sur del Sahara, este proceso puede ser más complicado o prolongado.
En la sección que se refiere a los menores no acompañados, la directiva europea explica que a un menor «se le escuchará» directamente o a través de un representante o persona cualificada, en particular durante la determinación del mejor interés del niño. «A más tardar en el momento del traslado del menor no acompañado fuera del territorio del Estado miembro, las autoridades de dicho Estado miembro deberán asegurarse de que será devuelto a un miembro de su familia, a un tutor designado o a un centro de acogida adecuado en el país de retorno», señala la directiva.
Marcus Lammert no comentó estos detalles en la conferencia de prensa, solo señaló que existe una base legal para tales acciones. Tomó nota de la intención de Marruecos de facilitar la devolución de todos los menores extranjeros no acompañados. En este contexto, Bruselas confirmó su propuesta de «facilitar y apoyar» este proceso y aplaudió la declaración de España de aumentar las capacidades de acogida para resolver la «situación humanitaria» de los migrantes ilegales.
Antes de la aprobación de la directiva europea en junio del año pasado, el Tribunal Supremo de España declaró ilegal la devolución masiva de niños a Marruecos realizada tras la crisis migratoria del 2021. El tribunal señaló el «incumplimiento absoluto» de las garantías establecidas por la legislación de extranjería, incluyendo la necesidad de un estudio individual de las circunstancias de cada niño, lo que debe garantizar el mejor interés de los menores. Estas garantías deben cumplirse incluso a pesar de la existencia de un acuerdo, similar al firmado con Marruecos en 2007 sobre la devolución concertada de niños y al que el gobierno se refirió en 2021.
Fuente: El Mundo
