La Unión Europea busca reducir el coste de la vivienda en las ciudades más populares del continente, otorgando a las autoridades locales herramientas para regular la actividad de Airbnb y otros operadores de alquiler vacacional. El proyecto de Ley de Vivienda Asequible de la Comisión Europea, que será aprobado por el colegio de comisarios este miércoles, establece nuevas normas para identificar zonas con escasez de vivienda, donde la oferta no cubre la demanda. Esto proporcionará a las autoridades nacionales, regionales y locales una base jurídica para implementar medidas específicas frente a la falta de inmuebles.
Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía y Vivienda, señaló que, aunque el alquiler vacacional no es la causa principal de la crisis habitacional en Europa, en algunas regiones, especialmente en las grandes ciudades, agrava el problema. «Cuando miles de viviendas se retiran del mercado residencial en una ciudad donde ya existe escasez, no podemos fingir que esto no afecta a la asequibilidad de la vivienda para las personas y a la cantidad de inmuebles disponibles», subrayó Dan Jørgensen. Los alquileres de corta duración registrados oficialmente representan solo alrededor del 1,2% del parque de viviendas total de la UE, pero en destinos turísticos populares esta cifra puede alcanzar el 20%. Según datos de AirDNA, en París hubo el año pasado cerca de 60 000 anuncios activos de alquiler vacacional. En el centro de Oporto, estos anuncios representaban casi el 40% del parque de alquiler disponible, y en algunos barrios de Madrid, hasta el 56% de las viviendas aptas para el alquiler de larga duración.
Desafíos legales y regulación
Muchas ciudades, como Barcelona, Ámsterdam, Florencia y París, ya intentan regular el alquiler turístico. Barcelona planea eliminar gradualmente cerca de 10 000 licencias de pisos turísticos para 2028, mientras que Ámsterdam, Florencia y París han implementado sistemas de permisos, topes a los precios del alquiler o restricciones a nuevos alojamientos turísticos. No obstante, estas iniciativas suelen derivar en largos litigios. Propietarios y representantes del sector turístico han presentado demandas contra las restricciones en Florencia, y Airbnb impugnó una multa de 64 millones de euros impuesta por España. Ambos intentos de recurso fracasaron, pero los procesos judiciales supusieron un alto coste para las administraciones locales. La nueva iniciativa legislativa pretende dotar a las autoridades de mayor capacidad de actuación y reducir el riesgo de litigios.
Representantes del sector turístico critican estos planes, argumentando que las restricciones podrían perjudicar a las economías dependientes del turismo y a los ingresos de los propietarios. También cuestionan las competencias de la Comisión Europea en materia de política de vivienda. En respuesta, Dan Jørgensen destacó que «la vivienda es un derecho, no solo una mercancía», y que las personas deben estar por encima de los beneficios. Asimismo, recalcó que las nuevas normas no implican imponer restricciones directamente desde Bruselas. Serán las autoridades nacionales, regionales y locales quienes determinen qué zonas sufren escasez, si es necesario intervenir y qué medidas adoptar.
Dan Jørgensen advirtió que ignorar la crisis de la vivienda podría socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y favorecer el auge de fuerzas políticas extremistas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó hace casi un año la escasez de vivienda en la UE como una «crisis social» y prometió tomar medidas.
Según Dan Jørgensen, la nueva ley será un «paso decisivo» para apoyar a ciudades, regiones y países que buscan ayudar rápidamente a las zonas y personas más afectadas por la crisis. A su vez, reconoció que esta medida no es una panacea. La UE, afirmó, también debe actuar en ámbitos como la inversión, la simplificación normativa, el aumento de la oferta de vivienda y la reducción de la presión sobre el parque inmobiliario existente.
Fuente: Politico
