Tres juezas del Tribunal Penal Internacional (TPI) han interpuesto una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y varios altos funcionarios de su administración, cuestionando las sanciones impuestas por Washington como ilegales y como una interferencia en la independencia del sistema judicial internacional.
La demanda, presentada ante un tribunal en Nueva York, fue iniciada por la jueza canadiense Kimberly Prost, la jueza ugandesa Solomy Balungi Bossa y la jueza beninesa Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou.
Acusaciones de «sentencia de muerte financiera»
Las juezas afirmaron que las sanciones estadounidenses fueron diseñadas para ejercer «presión extrajudicial» con el objetivo de castigarlas por cumplir con sus deberes judiciales. Calificaron estas medidas como una «sentencia de muerte financiera» debido a su amplio impacto en las operaciones financieras y profesionales.
La administración de Trump había impuesto previamente sanciones contra varias juezas del TPI, incluida la Fiscal General. Estas sanciones incluían la prohibición de entrada a EE.UU., así como la congelación de cualquier activo, operación financiera o propiedad relacionada con ellas en territorio de los Estados Unidos.
Razones para la imposición de sanciones
Dichas sanciones fueron una respuesta a las investigaciones llevadas a cabo por el TPI sobre Israel, así como a una orden de arresto emitida por el tribunal en 2024 contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
Las juezas exigen al tribunal que anule las sanciones, considerando que la imposición de tales medidas contra jueces internacionales es un paso sin precedentes que socava la independencia de la justicia internacional. Además del presidente Trump, la demanda también involucra al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario del Tesoro Scott Bessent.
Fuente: Sky News Arabia