Estados Unidos anunció el lunes el inicio de una campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI), un antiguo adversario de Washington con sede en La Haya. EE.UU. acusa a la CPI de «librar una guerra» contra el país y de «amenazar» a los estadounidenses, prometiendo imponer nuevas sanciones.
«Actualmente, la CPI y sus aliados están librando una guerra contra nuestro país, no con balas o misiles, sino con estatutos, tratados y la fuerza del llamado ‘derecho internacional’», declaró el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Hizo esta afirmación a través de un mensaje en vídeo en la plataforma X, un artículo en el Wall Street Journal y un comunicado.
Según Rubio, el peligro que representa este tribunal internacional está en constante aumento. «Hoy amenaza todos los aspectos de nuestro sistema político y jurídico», continuó el secretario de Estado. Advirtió que si EE.UU. permanece inactivo, «todos estaremos a merced de jueces extranjeros, ubicados a miles de kilómetros, bajo el riesgo constante de ser llevados ante la justicia o incluso encarcelados por el supuesto crimen de defender nuestro propio país».
Sanciones contra los jueces de la CPI
Las relaciones entre la administración de Trump y la CPI son extremadamente tensas, y varios jueces del tribunal, así como el fiscal de la CPI, ya están bajo sanciones. Estas restricciones, en particular, les prohíben la entrada a Estados Unidos y bloquean cualquier operación con bienes inmuebles o transacciones financieras con ellos en EE.UU..
La imposición de estas sanciones está relacionada con las investigaciones de la CPI sobre Israel, aliado de EE.UU.. En particular, en 2024, el Tribunal emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu.
Rol y jurisdicción de la CPI
Los jueces de la CPI aplican el derecho internacional dentro de sus competencias. Creada en 2002, el Tribunal investiga los crímenes internacionales más graves, incluidos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Ni Israel ni Estados Unidos se han adherido al tratado internacional que estableció la CPI, al igual que Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, tiene una orden de arresto de la CPI desde marzo de 2023.
Fuente: Libération
